Con información de Ley de Ajuste Venezolano
Esta resolución firmada por la alcaldesa Christi Fraga y el consejo municipal de la ciudad de Doral apoya la H.R 4048, “Ley de Ajuste Venezolano” o legislación similar que le permitiría al Secretario de Seguridad Nacional ajustar el status de ciertos nacionales venezolanos a admitidos legalmente residentes permanentes; disposición para transmisión y proporcionar una fecha efectiva.
Las autoridades de Doral consideran que, la comunidad venezolana – estadounidense brinda una contribución significativa al tejido cultural, económico y social del Condado de Miami – Dade y por cuanto, la ciudad de Doral es en hogar del grupo más grande de residentes de Venezuela que han huido de su país de origen debido a la opresión del Gobierno y al deterioro de las condiciones económicas y humanitarias.
La comunidad venezolana es una comunidad vibrante que ha enriquecido la cultura y la diversidad de la ciudad desempeñando un papel importante en la configuración del desarrollo de la ciudad a través de sus muchas contribuciones a diversas industrias que incluyen negocios, medios, tecnología, gastronomía, educación, servicio y deportes.
Con un Congreso dividido y de cara a un año electoral, la aprobación del proyecto de ley propuesto por cuatro miembros de la Cámara de Representantes que busca otorgar la residencia permanente a unos 400.000 migrantes venezolanos sería “muy difícil”, aseguran analistas. Este proyecto de ley H.R. 4048 fue presentado el 12 de junio por cuatro congresistas, los demócratas Darren Soto, Debbie Wasserman Schultz y Frederica Wilson, y la republicana María Elvira Salazar y luego se agregó como copatrocinadora de la medida Jenniffer González, comisionada residente de Puerto Rico afiliada al partido republicano.
La ley tiene un antecedente en Ley de Ajuste Cubano, que funciona desde 1966 como una vía segura a la residencia permanente en EEUU para los nacionales de la isla que cumplan sus requisitos.
La aprobación de una legislación de este tipo significaría un drástico cambio en las vidas de unos 400.000 venezolanos que entraron en EEUU antes de 2022, y que en su mayoría son «profesionales con mucho que ofrecer a este país», así lo había asegurado Mildred Rodríguez, directora de My Voice Counts, la organización comunitaria que llevó la propuesta a los congresistas.