Con información de EFE
El asesinato del fiscal César Suárez, que estaba inmerso en la investigación de la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), hizo saltar por los aires la sensación de tensa calma con la que los ecuatorianos trataban de recuperar la normalidad tras la oleada de violencia, atentados, secuestros y motines de la pasada semana.
Fueron cerca de una veintena de disparos los que impactaron, según testigos, en el automóvil en el que circulaba a primera hora de la tarde del miércoles Suárez, un conocido fiscal por haber asumido casos de corrupción en hospitales durante la pandemia de la covid-19 y ahora también los episodios más violentos acontecidos el 9 de enero en varias zonas del país.
Hacía pocos días había interrogado a los 13 detenidos que irrumpieron armados en los estudios del canal TC Televisión y que mantuvieron durante varias horas secuestrados a sus trabajadores durante una emisión en vivo, en un acto que la Policía atribuyó a la banda criminal ‘Los Choneros’. Pese a lo delicado del caso, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, el magistrado había denunciado que no contaba con protección policial.
La Fiscalía reconoció que en el momento del atentado no tenía escolta porque la audiencia iba a ser telemática, aunque sí contaba normalmente con resguardo. La ausencia de escoltas para Suárez fue confirmada por un familiar del asesinado en las puertas de la morgue de Guayaquil, a donde fue trasladado el cuerpo tras permanecer cerca de una hora y rodeado de sangre dentro del vehículo.
“Lo han vendido”, llegó a aseverar la familiar de Suárez, que no quiso revelar su nombre por temor a represalias, si bien señaló que lo hicieron salir de casa con una llamada aparentemente inesperada para que se dirigiese a un lugar que no quiso revelar.
En ese viaje fue perseguido por otro automóvil desde el que le dispararon a corta distancia. Posteriormente, ese vehículo apareció incinerado en otra parte de la ciudad.
