Con información del Diario las Américas.
El condado Miami-Dade se encuentra en una encrucijada financiera para el año fiscal 2025-2026, debido a que enfrenta un déficit presupuestario de 387 millones de dólares, mientras se debaten ajustes cruciales en los impuestos a la propiedad, un renglón sensible para la comunidad debido al alto costo de vida.
Según el Diario las Américas, la alcaldesa Daniella Levine Cava no ha vacilado en caracterizar la situación como una “tormenta perfecta” que requiere “decisiones difíciles”, al tiempo que el tasador de la propiedad, Tomás Regalado, propone una reducción del amillaramiento del 3% en respuesta a la desaceleración del mercado inmobiliario.
Esta crisis fiscal ocurre en un contexto en el que el presupuesto total del Condado ha crecido exponencialmente: de 8.909 millones de dólares en 2019-2020 a 12.759 millones proyectados para la vigencia 2024-2025, lo que genera tensiones en torno a las prioridades presupuestarias y la carga fiscal sobre los contribuyentes.
Las cifras revelan que el gobierno condal enfrenta su déficit presupuestario más grave desde la crisis financiera de 2008. A su vez, la alcaldesa Levine Cava señaló que, tras haber salido de la “tormenta del COVID más fuertes que nunca”, confía en superar este nuevo escollo, aunque advirtió que aún deben tomarse decisiones muy difíciles.
En ese escenario complejo, el presupuesto total del Condado destinaría alrededor de 8.000 millones de dólares a costos operativos y 4.700 millones a proyectos de capital.
Estos fondos no pueden redirigirse para financiar servicios generales como policía, parques o bibliotecas, aunque haya emergencias financieras. Es como tener cuentas separadas con reglas estrictas sobre cómo gastar cada una.
El déficit de 387 millones de dólares afecta específicamente el Fondo General del Condado, que representa el 48% del presupuesto operativo y cubre servicios esenciales como los descritos anteriormente.
Las raíces de esta crisis se remontan a la gestión de la pandemia de COVID, cuando los valores de las propiedades se dispararon y llegaron más de 1.000 millones de dólares en ayuda federal, lo que permitió al Condado estabilizarse y realizar dos modestos recortes en los impuestos a la propiedad.