Por Rafael Urribarri
I. Cuando la razón de Estado choca con la razón humana
El liderazgo firme del presidente Donald Trump ha sido, sin duda, un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Su visión de una región libre de narcotiranías y su voluntad de enfrentar regímenes criminales como el de Nicolás Maduro han devuelto al continente una esperanza de justicia y orden.
Sin embargo, la reciente decisión de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos bajo el argumento de que “las condiciones en Venezuela han mejorado”, representa una contradicción grave, no solo en términos políticos, sino en el plano moral y estratégico.
¿Cómo puede considerarse “seguro” un país cuyo propio gobernante está acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo, con orden de captura y recompensa millonaria por su cabeza?
¿Cómo puede decirse que Venezuela ha mejorado cuando el mismo gobierno norteamericano prohíbe a sus ciudadanos viajar allí por riesgo extremo de secuestro, represión o muerte?
II. La paradoja que debilita la narrativa de la libertad
Durante años, la administración Trump ha mantenido una postura clara: Maduro no es un presidente legítimo, sino un usurpador criminal.
Se le han impuesto sanciones financieras, se han congelado activos, se ha acusado a su cúpula de lavado de dinero y se han desplegado operaciones militares en el Caribe para frenar el tráfico de drogas que financia su régimen.
Y, sin embargo, con esta medida, Estados Unidos envía al mundo un mensaje confuso:
que ese mismo país bajo tiranía, sin elecciones libres, sin Estado de derecho y sin libertades básicas, es ahora lo suficientemente “seguro” como para que cientos de miles de exiliados puedan regresar.
Esa afirmación, además de incongruente, le ofrece a Maduro una herramienta propagandística de enorme valor.
El régimen podría presentar ante organismos internacionales el argumento de que “hasta Washington reconoce que Venezuela se ha normalizado”, usando esa narrativa para deslegitimar sanciones, dividir a la oposición y socavar la presión internacional.
III. El costo humano de una decisión política
Más de 400 000 venezolanos viven en Estados Unidos amparados por el TPS.
Son trabajadores, emprendedores, contribuyentes y padres de familia que huyeron del hambre, la represión o el miedo a la persecución.
Muchos tienen hijos estadounidenses, otros cuidan ancianos o sostienen pequeños negocios.
Revocarles su protección no solo rompe familias y destruye sueños, sino que los deja en un limbo migratorio que los expone a la deportación hacia el mismo infierno del que escaparon.
El TPS no es un regalo: es un acto de solidaridad humanitaria y coherencia política.
Suspenderlo ahora, mientras el régimen sigue intacto, es como cerrar la puerta del refugio mientras aún cae la tormenta.
IV. Las implicaciones estratégicas para Estados Unidos
En el terreno geopolítico, esta decisión también resulta contraproducente:
1. Debilita la narrativa moral de Washington ante la comunidad internacional.
No se puede condenar la dictadura de Maduro y, al mismo tiempo, sostener que su país ha “mejorado”.
2. Desmoviliza a la diáspora venezolana, que ha sido uno de los pilares del frente internacional contra el régimen.
3. Resta legitimidad a las operaciones militares y diplomáticas en el Caribe y la región, pues los adversarios podrían señalar que “si Venezuela es segura para deportar a sus nacionales, no puede ser una amenaza para Estados Unidos”.
En términos de estrategia hemisférica, esto equivale a un disparo en el pie.
V. Una oportunidad para rectificar con grandeza
El presidente Trump ha demostrado en múltiples ocasiones que sabe reconocer la realidad con pragmatismo y humanidad.
Rectificar en este caso no sería un signo de debilidad, sino de sabiduría y coherencia.
Mantener el TPS para los venezolanos hasta que existan condiciones verificables de democracia, seguridad y justicia en su país reforzaría su liderazgo como defensor de la libertad y los derechos humanos en el continente.
Sería, además, una señal de fuerza moral ante el mundo, y un mensaje claro a los dictadores de la región: Estados Unidos protege a los pueblos, no a sus verdugos.
VI. Un llamado desde la conciencia y la razón
Presidente Trump:
si su lucha es realmente contra el comunismo, contra el narcotráfico y la corrupción que han destruido a Venezuela, no permita que una decisión administrativa empañe esa causa justa.
Los venezolanos en Estados Unidos no son una amenaza: son aliados naturales en la defensa de la libertad.
Son testigos de lo que ocurre cuando el Estado se convierte en un cartel y el poder en tiranía.
Reconsiderar la suspensión del TPS no es ceder:
es mantener la coherencia de su propio legado como líder que enfrentó sin miedo a los enemigos de la libertad.
“No hay contradicción mayor que combatir una dictadura y al mismo tiempo castigar a sus víctimas.”
Rafael Urribarri