Con información del Diario las Américas
En Hialeah, el clima político se tensa a días de los comicios. La alcaldesa interina, Jacqueline García-Roves, ha sido multada luego de que inspectores municipales confirmaran una queja ciudadana: su residencia fue objeto de reformas sin los correspondientes permisos de la ciudad.
García-Roves, quien fue designada en abril y actualmente compite para permanecer en el cargo, niega haber sido notificada de cualquier irregularidad. Ella asegura que su actuación es la de cualquier residente y que el Departamento de Cumplimiento de Códigos tiene la libertad de ejercer su función sin obstrucciones.
El escándalo se hizo público durante una sesión del Concejo, donde una vecina la recriminó por las supuestas ampliaciones sin licencia, exigiendo que «pagase lo que debe a la ciudad» antes de continuar con su campaña. El concejal Carl Zogby respaldó la denuncia, pidiendo una investigación cabal: «Quien debe ser el ejemplo no puede estar bajo sospecha. No vamos a ocultar este asunto», sentenció.
Detalles de la Infracción
Los documentos públicos señalan que el 7 de octubre de 2025, un particular denunció formalmente presuntas obras ilegales en la propiedad de la alcaldesa. La queja sugiere que la casa, registrada originalmente con 935 pies cuadrados, fue ampliada de manera no autorizada, incluyendo adiciones traseras, cercas y columnas ornamentales, además de un techo nuevo.
Nueve días después, el ayuntamiento inició el expediente BWOP-004591-2025, o «Construcción sin Permiso». La inspección de campo ratificó la infracción del Código de Construcción de Florida. El informe detalla las obras observadas (adición estructural, toldo o pérgola, re-techado y cercas/columnas) e impone una sanción de 250 dólares, con la obligación de legalizar o desmantelar las obras antes del 26 de enero de 2026. El caso está catalogado como «En Violación».
A pesar de que la alcaldesa atribuye la controversia a la temporada electoral, insiste en que no está «por encima de la ley». Sin embargo, el hecho de que el Departamento de Cumplimiento de Códigos dependa administrativamente de la alcaldía ha generado un debate sobre el posible conflicto ético. La situación se agrava por el testimonio de otros vecinos que fueron multados de manera mucho más expedita por infracciones similares, lo que plantea dudas sobre la equidad en la aplicación de las normativas.