Con información de El Nuevo Herald
La organización no gubernamental Foro Penal hizo público su balance actualizado de detenciones por motivos políticos en Venezuela, reportando un total de 884 presos políticos hasta el corte del 3 de noviembre de 2025. El informe subraya la gravedad de la situación al indicar que se desconoce el paradero de 57 de estos detenidos.
El reporte detalla la composición de la cifra total:
- Distribución por género y estatus: 767 hombres y 117 mujeres.
- Estatus civil/militar: 711 son civiles y 173 son militares.
- Edad: La inmensa mayoría son adultos (880), aunque se contabilizan cuatro adolescentes.
- Estatus judicial: 726 personas se encuentran detenidas sin haber recibido aún una condena, mientras que 158 han sido condenadas.
Preocupación por Extranjeros Encarcelados
Un aspecto destacado del informe es la situación de los ciudadanos de otras naciones. El Foro Penal registra a 85 personas con nacionalidad extranjera privadas de libertad por motivos políticos, algunos de los cuales también poseen la nacionalidad venezolana. La ONG ha exigido la liberación inmediata de estos detenidos y el pleno respeto a sus derechos humanos.
Entre las nacionalidades más afectadas se encuentran:
- Colombianos: 21 (11 de ellos con doble nacionalidad venezolana).
- Españoles: 19 (15 de ellos con doble nacionalidad venezolana).
- Otros: Siete italianos, cinco portugueses-venezolanos, así como ciudadanos de Cuba, Argentina, Ucrania, Francia y Honduras.
Patrones de Persecución y Represión
El Foro Penal también recordó que desde el inicio de su registro en 2014, se han contabilizado 18.579 presos políticos, y aunque más de 14.000 han sido excarcelados, más de 9,000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad de manera arbitraria.
Estos hallazgos coinciden con las advertencias de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que en septiembre alertó sobre la intensificación de la persecución política en Venezuela. El organismo de la ONU señaló que los patrones de detenciones sin base legal, ejecuciones por individuos enmascarados y fabricación de expedientes penales se han repetido, con la justicia venezolana sometida al ejecutivo.
La Misión de la ONU recalcó que la «única esperanza de que las víctimas encuentren justicia recae en la comunidad internacional», dado que los hallazgos de 2025 repiten la «dura represión postelectoral» documentada previamente.