Con información del Diario las Américas.
La alcaldesa electa de Miami, Eileen Higgins, ha trazado una línea clara en materia de seguridad pública, afirmando que el Departamento de Policía de la ciudad no actuará como un brazo ejecutor de las agencias federales de inmigración.
Enfatizando una estricta separación de poderes, Higgins declaró que la misión de los oficiales locales es la protección de los vecindarios y la prevención del crimen, rechazando el desvío de recursos municipales para investigar el estatus migratorio de los residentes.
La nueva administración ya está evaluando los mecanismos legales para retirar a Miami de acuerdos como el 287(g), que facilita la cooperación con ICE.
Higgins argumentó que la participación policial en tareas migratorias es contraproducente para la seguridad, ya que disuade a víctimas y testigos de comunidades inmigrantes a contactar a las autoridades por temor a la deportación, dejando delitos sin castigo.
Además, la alcaldesa electa se comprometió a combatir la burocracia que asfixia el desarrollo urbano, mencionando que la ineficiencia en los permisos de construcción aumenta los costos en un 40%, y respaldó la propuesta de ampliar la Comisión de la Ciudad de cinco a nueve miembros para diluir la concentración de poder.