Con información de DW.
El gobierno de Nicolás Maduro calificó este domingo como actos de «piratería de corsarios» la reciente serie de interceptaciones y confiscaciones de buques petroleros por parte de las fuerzas navales de los Estados Unidos en el Mar Caribe.
En un mensaje contundente, Maduro denunció que su país enfrenta una «campaña de agresión» que ha escalado del terrorismo psicológico al asalto directo de naves privadas en aguas internacionales.
Esta reacción surge tras la incautación de los buques Skipper y Centuries, y los reportes de una persecución activa contra un tercer tanquero, el Bella 1. Según la administración venezolana, estas acciones son un «robo flagrante» destinado a asfixiar la economía nacional. Maduro aseguró que su gobierno está «preparado para acelerar la marcha» frente a lo que considera una violación de la soberanía y el derecho internacional.
Sin embargo, en un contraste significativo con la retórica de confrontación, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó el zarpe del buque Canopus Voyager cargado con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos.
Rodríguez enfatizó que este envío se realiza bajo el «estricto apego a las normas» y los compromisos de la industria, gracias a la licencia especial que posee la compañía estadounidense Chevron para operar con PDVSA.
Este movimiento subraya la compleja interdependencia energética que persiste entre ambos países, a pesar del bloqueo total anunciado por la Casa Blanca contra la denominada «flota fantasma».