Con información del Diario las Américas
Lo que comenzó como una auditoría administrativa se ha convertido en una batalla legal de alto nivel. El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, confirmó que su oficina ha sido demandada ante el Tribunal de Distrito del Sur de Florida tras la revocación masiva de licencias comerciales (LBT) a empresas con presuntos vínculos operativos con el régimen cubano.
La medida afectó a 20 entidades, principalmente agencias de viajes y servicios logísticos, que no lograron demostrar que contaban con los permisos federales de la OFAC o la BIS para comerciar con la isla.
Fernández defendió la legalidad de sus acciones citando el Estatuto de Florida § 205.0532, argumentando que su oficina tiene el deber de evitar que el condado sea utilizado como plataforma de financiamiento para gobiernos considerados enemigos de los Estados Unidos.
“Las demandas no nos desviarán de nuestra responsabilidad”, declaró Fernández, enfatizando que la seguridad nacional y la integridad económica de Miami-Dade son prioridades no negociables.
Mientras el proceso judicial avanza, las empresas afectadas permanecen inhabilitadas para operar, bajo la advertencia de sanciones severas si intentan continuar con sus actividades sin los permisos correspondientes.