Con información del Diario las Américas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo de Venezuela ha emitido una certificación jurídica que cataloga al expresidente Nicolás Maduro como un usurpador y criminal, descartando cualquier posibilidad de que sea tratado como prisionero de guerra tras su captura el pasado 3 de enero.
El magistrado Antonio Marval, presidente del tribunal, informó que se han entregado a las autoridades estadounidenses —incluyendo al Departamento de Justicia— más de 150 sentencias que documentan la ruptura del orden constitucional en Venezuela desde 2017.
«Maduro no posee legitimidad presidencial; es un dictador y terrorista, y no goza de los privilegios ni inmunidades de un jefe de Estado», sentenció Marval.
El TSJ también alertó sobre posibles delitos de lavado de activos, cuestionando cómo un funcionario que declaraba percibir un salario mínimo oficial (equivalente a unos seis dólares mensuales) puede costear una defensa legal en EE. UU. valorada en más de 40 millones de dólares.
Asimismo, el magistrado aplicó la doctrina del «fruto del árbol envenenado» para desconocer al actual gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez, argumentando que su autoridad emana de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. El Tribunal reiteró su exigencia de libertad inmediata para los presos políticos, citando la delicada situación de figuras como Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha.