Con información de EFE.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este martes dos licencias que permiten a empresas estadounidenses reanudar actividades en el sector de hidrocarburos de Venezuela. Aunque las sanciones impuestas en 2019 permanecen vigentes, estas nuevas autorizaciones facilitan el comercio de petróleo y gas, así como el uso de infraestructura logística en puertos y aeropuertos, marcando un giro en la política energética hacia el país caribeño tras el reciente cambio de mando en Caracas.
La normativa establece condiciones rigurosas para garantizar que el Gobierno venezolano no reciba beneficios directos de estas operaciones. Según las licencias, cualquier contrato firmado con PDVSA o el Estado debe regirse por la legislación de Estados Unidos, y las disputas legales deberán resolverse exclusivamente en tribunales estadounidenses.
Además, los pagos destinados a personas sancionadas se realizarán a través de cuentas controladas por el Tesoro para asegurar una fiscalización centralizada.
Las empresas que operen bajo este esquema tendrán la obligación de presentar informes detallados cada 90 días, especificando cantidades, valores y destinos de los cargamentos.
Esta apertura busca modernizar la infraestructura petrolera venezolana con una inversión estimada de 10.000 millones de dólares, cumpliendo con la promesa de la administración de Donald Trump de reintegrar a las petroleras norteamericanas en el mercado venezolano, donde hasta ahora solo Chevron mantenía una licencia especial.
En paralelo, se autorizaron transacciones para servicios aeroportuarios y portuarios indispensables para el transporte y la logística. Esta decisión ocurre cinco semanas después de la intervención militar que resultó en el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York.
Con estas medidas, Washington busca reactivar la producción energética en la región mientras mantiene un monitoreo constante sobre el flujo de capitales y la transparencia de las transacciones internacionales.