Con información de EFE.

La Casa Blanca oficializó este lunes el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en trece de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

La medida busca frenar el colapso operativo en los puntos de inspección de la TSA, donde el ausentismo laboral ha escalado drásticamente. Entre las terminales seleccionadas figuran nodos logísticos de alto impacto como el John F. Kennedy y Newark en Nueva York, Chicago O’Hare, Hartsfield-Jackson en Atlanta y el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

La lista de instalaciones bajo intervención federal se extiende a ciudades estratégicas como Houston, Nueva Orleans, Phoenix y Pittsburgh. En Florida, la orden incluyó específicamente al Aeropuerto Internacional del Suroeste en Fort Myers, mientras que en el Caribe se integró al Aeropuerto Luis Muñoz Marín de San Juan de Puerto Rico.

Según el zar de la frontera, Tom Homan, la prioridad es que los oficiales de ICE asuman roles de vigilancia y control de filas en estas trece sedes para liberar la carga de los inspectores de seguridad que permanecen en sus puestos.

El despliegue en este número específico de aeropuertos responde a un análisis de las fallas operativas más severas detectadas tras cinco semanas de cierre parcial del Gobierno. Las autoridades portuarias de estas terminales han manifestado que, aunque el refuerzo es necesario, el personal migratorio debe limitarse a tareas que no requieran conocimientos especializados en aeronáutica. La intención es agilizar los tiempos de espera que han provocado retrasos masivos y cancelaciones en el itinerario de miles de pasajeros a nivel nacional.

A pesar de la activación de estos trece puntos de control, el presidente Donald Trump advirtió que el número de efectivos podría aumentar mediante el uso de la Guardia Nacional si las filas no disminuyen. La crisis en estas terminales es el resultado directo del estancamiento presupuestario en el Senado, que ha dejado sin sueldo a los trabajadores de la TSA desde febrero. Expertos advierten que, si no se logra un acuerdo financiero en los próximos días, la operatividad en estos aeropuertos estratégicos seguirá comprometida durante la temporada de mayor demanda de viajes.