Con información de El Nuevo Herald
Una jueza federal emitió un fallo que obliga a las autoridades de Florida y a las agencias migratorias federales a garantizar un acceso legal adecuado para los detenidos en Alligator Alcatraz. La resolución de 68 páginas permite que los abogados visiten a sus clientes sin cita previa y exige la publicación transparente de los protocolos de comunicación en varios idiomas, incluyendo español y criollo haitiano.
La jueza Sheri Polster Chappell cuestionó duramente la falta de infraestructura en el centro, señalando que la existencia de solo dos teléfonos para una capacidad de 3,000 personas era insuficiente. En consecuencia, ordenó la instalación de al menos un teléfono por cada 25 detenidos, garantizando que las llamadas legales sean gratuitas, privadas y no monitoreadas.
El tribunal también desestimó los argumentos del gobierno que justificaban las restricciones por motivos de “orden y seguridad”, al no encontrar pruebas de que el acceso legal sin vigilancia representara una amenaza real. Además, la demanda ha sido elevada a la categoría de acción de clase, lo que amplía el alcance de las protecciones para todos los internos de la instalación.
Organizaciones de derechos civiles celebraron la decisión como un triunfo del debido proceso, denunciando que la incomunicación previa hacía prácticamente imposible una representación legal efectiva. El caso continuará en abril con una conferencia procesal, mientras los defensores de los inmigrantes mantienen su presión para el cierre definitivo de este controvertido recinto.