Con información de El Nuevo Herald.
Tras la reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), la comunidad hondureña residente en Florida ha elevado una petición urgente al Congreso de su país.
La Organización Hondureña Francisco Morazán solicita que se apruebe una medida extraordinaria para que los consulados puedan renovar o extender las licencias de conducir de sus connacionales, quienes enfrentan el riesgo de ser criminalizados por manejar con documentos vencidos.
Orlando López, líder de la organización, señaló que muchos de los 55,000 afectados por la medida migratoria están considerando un retorno voluntario a Honduras.
Sin embargo, para realizar el viaje por tierra y trasladar sus pertenencias y vehículos hasta la frontera, es imperativo contar con una identificación oficial vigente. La vigencia de este documento se ha vuelto una pieza clave para una transición ordenada y segura.
La solicitud enviada al Congreso hondureño propone un plan de unidades móviles que facilite el trámite en las ciudades con mayor concentración de migrantes.
La carta subraya que, sin el respaldo del TPS, la situación de estas familias se vuelve “caótica”, ya que carecen de beneficios básicos y quedan expuestos a sanciones legales en territorio estadounidense por infracciones administrativas de tránsito.
A pesar de los esfuerzos legales por frenar la terminación del programa, el panorama se ha complicado tras el fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que favoreció la postura del gobierno federal. Ante este escenario, los activistas insisten en que el gobierno hondureño debe actuar con celeridad para dotar a sus ciudadanos de herramientas que faciliten su movilidad y protejan sus derechos durante este proceso de cambio.
