Con información del Infobae.
El gobernador Ron DeSantis promulgó la Ley SAVE de Florida (HB 991), una normativa que transformará la forma en que se identifican los residentes en el estado. El cambio más significativo establece que, a partir del 1 de enero de 2027, todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas en Florida deberán especificar de forma clara el estatus migratorio del titular.
Esta medida busca, según el ejecutivo, garantizar que solo ciudadanos estadounidenses participen en procesos electorales y accedan a ciertos beneficios estatales.
Bajo este nuevo marco legal, los documentos reflejarán si el portador es ciudadano, residente legal o posee otra condición migratoria. Para quienes ya tienen una licencia vigente, el cambio no será inmediato, sino que se aplicará en el momento de la renovación o reposición. No obstante, la ley endurece los requisitos para el registro de votantes, exigiendo pruebas documentales estrictas de ciudadanía y eliminando el uso de identificaciones estudiantiles o de residencias de ancianos como comprobantes válidos para votar.
La implementación de la Ley SAVE ha generado una ola de críticas y desafíos legales por parte de organizaciones civiles. Los demandantes sostienen que los nuevos requisitos imponen una carga desproporcionada sobre las minorías, los estudiantes y las personas de la tercera edad, quienes podrían enfrentar dificultades para presentar documentos originales.
Argumentan ante cortes federales que no existe evidencia de fraude sistemático que justifique medidas que, a su juicio, podrían excluir a ciudadanos legítimos del sistema democrático.
Por su parte, las autoridades locales, como la oficina del recaudador de impuestos en Miami-Dade, ya han iniciado los preparativos para adaptar sus sistemas administrativos a la nueva normativa. Mientras el debate judicial continúa, se recomienda a la comunidad inmigrante revisar las fechas de vencimiento de sus documentos y mantenerse informada sobre los requisitos de ciudadanía que entrarán en vigor.
La ley también amplía la fiscalización sobre candidatos políticos, obligándolos a declarar dobles nacionalidades y actividades financieras.