Con información de Infobae.
A partir de julio de 2027, todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas en Florida deberán llevar de forma visible la inscripción «NC» (no ciudadano) en su anverso.
Esta medida, amparada por la ley HB 991 y promovida por el gobernador Ron DeSantis, será obligatoria para todos los residentes legales que no posean la ciudadanía estadounidense.
La normativa busca, según fuentes oficiales, agilizar la identificación de los portadores y fortalecer los mecanismos de prevención contra el fraude en procesos electorales y administrativos.
A pesar de los argumentos gubernamentales sobre seguridad, la comunidad migrante y diversos defensores de derechos humanos han manifestado su profunda preocupación. Abogados especialistas en inmigración advierten que este distintivo visual permanente podría convertirse en una herramienta de estigmatización y discriminación.
Señalan que la marca «NC» expone el estatus migratorio de las personas en situaciones cotidianas, lo que podría derivar en interrogatorios injustificados o un trato diferenciado por parte de autoridades y entidades privadas.
La implementación de este nuevo formato estará bajo la responsabilidad del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados (FLHSMV). A diferencia de otros estados o sistemas federales donde la verificación de estatus se realiza de forma interna durante el trámite, Florida exige ahora una señalización pública en el documento físico.
Expertos en políticas migratorias subrayan que no existen precedentes estatales de una medida tan específica que obligue a residentes legales a portar un marcador visual de su condición de extranjería.
Esta reforma se suma a las políticas restrictivas que ya aplica el estado, como la prohibición de licencias para indocumentados. Organizaciones civiles, como la Coalición de Inmigrantes de Florida, han alertado que la ley HB 991 endurece el entorno para los extranjeros, afectando incluso a quienes tienen estatus regular. Mientras el gobierno defiende la transparencia del sistema, los críticos sostienen que la medida fractura la relación entre la policía y la comunidad, al priorizar la vigilancia migratoria sobre la integración social.