Con información de Telemundo 51.
La representante demócrata por Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, presentó su renuncia formal al Congreso de los Estados Unidos en medio de una severa investigación ética. La legisladora enfrentaba la posibilidad de ser expulsada tras ser acusada de 25 violaciones a las normas de la Cámara, que incluyen el presunto uso indebido de 5 millones de dólares en fondos de ayuda por COVID-19 para financiar su campaña.
Pese a abandonar su cargo, Cherfilus-McCormick calificó el proceso como una «cacería de brujas» y denunció la falta de garantías para su defensa.
El Comité de Ética de la Cámara baja debatía sanciones que iban desde la censura hasta la expulsión definitiva, un castigo histórico que solo se ha aplicado seis veces en la historia del país. Los cargos federales que pesan sobre la ahora excongresista sugieren que utilizó recursos públicos para gastos personales de lujo, como joyas de alto valor.
Con su salida, se intensifica el debate sobre la integridad parlamentaria, mientras el liderazgo republicano asegura que los hechos contra la funcionaria eran indiscutibles tras una revisión de 33,000 documentos.
La defensa de la excongresista, liderada por el abogado William Barzee, argumentó hasta el último momento que el comité le negó el tiempo suficiente para preparar una defensa adecuada. Según su testimonio, el proceso fue injusto al avanzar simultáneamente con una acusación penal pendiente, lo que impidió un juicio ético exhaustivo con testigos. Sus simpatizantes también expresaron preocupación, señalando que esta decisión deja a cientos de miles de residentes sin representación en un momento político crucial para el estado de Florida.
Finalmente, la salida de Cherfilus-McCormick evita una votación de expulsión que requería el apoyo de dos tercios de la Cámara, un umbral que el presidente Mike Johnson estaba dispuesto a buscar. Este caso se suma a una serie de dimisiones recientes por conductas indebidas, lo que pone el foco sobre la ética de los legisladores en Washington. Mientras tanto, la justicia federal continuará con el proceso penal donde la exrepresentante podría enfrentar una pena de hasta 53 años de prisión si es hallada culpable de los cargos de fraude.