Con información de Infobae.
El gobierno de Estados Unidos avanza en los preparativos de una posible acusación formal contra el ex dictador cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996. Esta iniciativa judicial, que aún debe ser ratificada por un gran jurado, forma parte de una ofensiva estratégica de máxima presión de la administración estadounidense para acorralar financiera y políticamente a la cúpula del régimen castrista.
En paralelo a estas acciones judiciales, el director de la CIA, John Ratcliffe, concretó una inusual reunión en La Habana con altos representantes del Ministerio del Interior y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto y enlace directo del nonagenario líder. Durante el encuentro, el jefe de inteligencia transmitió un mensaje claro: Washington solo entablará negociaciones serias sobre asuntos económicos si la isla implementa reformas profundas y deja de operar como refugio seguro para adversarios regionales.
A pesar de las tensiones, la cúpula cubana emitió un comunicado rechazando ser una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y negó categóricamente financiar o albergar organizaciones terroristas o bases militares extranjeras en su territorio. El régimen mostró disposición para desarrollar una cooperación bilateral en materia de seguridad, aunque rechaza cualquier imposición externa sobre su soberanía o sistema político.
La coyuntura se desarrolla en un contexto de asfixia económica para la isla, agravada por sanciones extraterritoriales, bloqueos petroleros y recientes castigos del Departamento del Tesoro contra conglomerados militares cubanos como GAESA. Mientras tanto, en Florida, fiscales federales y estatales han reactivado investigaciones locales para perseguir delitos vinculados a líderes del Partido Comunista cubano, reforzando el cerco contra el aparato de poder de la familia Castro.