Con información de El Nuevo Herald.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, advirtió mediante un memorando oficial que el gobierno local podría suspender definitivamente los planes para edificar un nuevo incinerador de basura valorado en 2.000 millones de dólares.
La postura de la regidora se hizo pública semanas después de que la Comisión del condado rechazara un modesto incremento anual de 14 dólares en las tarifas de recolección de desechos sólidos para el año 2027. Levine Cava argumentó que no resulta financieramente responsable seguir invirtiendo fondos públicos en consultorías si no se aprueban las tasas indispensables para sustentar la operatividad del sistema.
La planta de valorización energética (waste-to-energy o WTE), diseñada originalmente para reemplazar a las instalaciones de Doral que quedaron inutilizadas tras un devastador incendio en 2022, dependía de una serie de aumentos tarifarios anuales estructurados. Sin embargo, ocho de los trece comisionados votaron en contra de aplicar un ajuste fiscal del 2%, el cual habría fijado el coste de recolección residencial típico en 716 dólares para el ciclo fiscal que inicia el 1 de octubre. Dirigentes opositores justificaron su negativa sosteniendo la necesidad de optimizar los recursos internos antes de cargar con más aranceles a los contribuyentes de la región.
Ante la falta de los ingresos proyectados, la alcaldía de Miami-Dade ordenó ejecutar de manera proactiva un plan de recortes presupuestarios por 4,6 millones de dólares en el Departamento de Residuos Sólidos. Las medidas de austeridad, que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026, afectarán directamente los servicios de retiro de escombros en las carreteras, los cronogramas de recolección comunitaria y las labores de fiscalización de códigos para remover basureros ilegales en terrenos de propiedad privada. Mientras se prolonga el debate, la administración utiliza camiones y trenes de carga para enviar los desechos diariamente hacia vertederos en otras zonas de Florida.
El conflicto presupuestario anticipa un complejo escenario de debate político de cara al mes de julio, cuando el Ejecutivo condal presente su plan de gastos consolidado para el periodo 2027. Los pronósticos macroeconómicos del sector vaticinan un déficit fiscal en todo el condado de 118 millones de dólares si los ingresos generales no superan las metas estipuladas y los servicios públicos permanecen intactos. La cancelación definitiva del proyecto del incinerador —que solía procesar casi la mitad de los desperdicios del condado— dejaría a los más de 350.000 hogares adscritos bajo una permanente dependencia económica de las tarifas de vertederos privados externos.