Con información de DW.
La organización no gubernamental Foro Penal informó de manera oficial la excarcelación de ocho militares que permanecieron tras las rejas por casi diez años en Venezuela, tras ser acusados de una presunta conspiración contra el Estado. El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, detalló que el grupo —conformado por siete sargentos y un general de brigada— obtuvo la libertad plena bajo la figura jurídica de «cumplimiento de la pena» tras pasar nueve años y seis meses en prisión. Las detenciones originales se ejecutaron en enero de 2017 por comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Los sargentos que recibieron sus boletas de excarcelación a las 20:40 hora local fueron identificados como Ruben Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Jairo Villegas y Noé Romero. Los uniformados habían sido condenados inicialmente a una sentencia de ocho años de prisión por el delito político de «instigación al odio». Sus familiares denunciaron de forma sistemática ante los organismos internacionales que los detenidos sufrieron graves torturas físicas, descargas eléctricas y aislamiento prolongado tras ser vinculados con una supuesta trama conspirativa liderada por el general Raúl Isaías Baduel.
El octavo liberado de la jornada es el general Ramón Lozada Saavedra, quien enfrentaba un complejo historial de persecución penal tras ser arrestado primero en 2017 y recapturado en 2019 bajo la acusación de conspirar para ejecutar un magnicidio contra Nicolás Maduro. Los reportes de los activistas de derechos humanos demostraron que las víctimas militares debieron esperar un año y medio para su audiencia preliminar, sufriendo más de 60 diferimientos judiciales injustificados que retrasaron la apertura de sus juicios orales en los tribunales de control caraqueños.
La causa judicial estuvo estrechamente ligada al destino del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, quien falleció en octubre de 2021 mientras se encontraba bajo la custodia del Estado en los calabozos de los servicios de inteligencia. La versión oficial de la Fiscalía General de la República atribuyó el deceso a un paro cardiorrespiratorio derivado de complicaciones por covid-19. Sin embargo, su entorno familiar negó la enfermedad y, de forma conjunta con la ONU, exigió una investigación independiente para esclarecer el deceso del general, cuyo caso simboliza las denuncias de violaciones a las garantías procesales.