Con información del Diario las Américas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos procedió a la detención de la ciudadana cubana Alina Rosales Aguirreurreta en la ciudad de Miami.
La arrestada es hija del general Ulises Rosales del Toro, uno de los oficiales de más alto rango y de mayor influencia histórica dentro del aparato de poder político y militar de la isla. Fuentes cercanas al caso confirmaron que la mujer, de profesión cirujana estética en Cuba, residía en territorio estadounidense desde el año 2023 tras ingresar con una visa de turismo B1/B2 emitida en La Habana.
El arresto de la ciudadana cubana se ejecutó mientras se encontraba a la espera de regularizar su situación migratoria permanente ante los tribunales federales. Su padre, el general Rosales del Toro, formó parte durante décadas del círculo de dirección íntimo del castrismo, desempeñando cargos de máxima relevancia institucional como jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba.
El suceso ha colocado bajo el foco de la opinión pública un fenómeno ampliamente debatido dentro de la comunidad del exilio en el sur de la Florida: la presencia en Estados Unidos de familiares directos de la alta jerarquía comunista. Para numerosos sectores de la diáspora, estos casos delatan una profunda contradicción ética entre la retórica oficial de confrontación que sostiene La Habana contra Washington y las decisiones individuales de la élite gobernante, cuyos hijos optan por establecer sus residencias y resguardar capitales en suelo norteamericano.
Hasta el momento, las autoridades federales de inmigración no han divulgado los detalles específicos ni las causas jurídicas que motivaron la orden de aprehensión de Rosales Aguirreurreta. El episodio se suscita en un contexto de máxima rigurosidad fiscal y migratoria implementada por el gobierno de Donald Trump contra figuras vinculadas al régimen cubano. El caso ha reavivado las denuncias comunitarias respecto a los privilegios de movilidad internacional de los que goza la clase dirigente en contraste con las carencias del ciudadano de a pie.