Con información de EFE.
El Gobierno de los Estados Unidos anunció de forma oficial la inclusión de las poderosas organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) en la lista federal de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
La medida regulatoria del Departamento de Estado, que entrará en vigor formalmente a partir del próximo 5 de junio de 2026, describe a ambas estructuras criminales como las más grandes de Sudamérica, acusándolas de orquestar ataques brutales y sistemáticos contra agentes policiales, funcionarios públicos y la población civil.
La histórica designación antiterrorista se oficializó pocas horas después de que el senador y candidato presidencial conservador brasileño, Flávio Bolsonaro, solicitara la medida directamente al presidente Donald Trump durante una reunión de trabajo en la Casa Blanca.
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien compite activamente en la contienda electoral de cara a las elecciones presidenciales de octubre, celebró la resolución catalogándola como un gran triunfo para la seguridad pública de su nación, reivindicando que su gestión diplomática logró más por el combate al crimen que los 17 años de mandato del Partido de los Trabajadores.
La medida internacional ha desatado un fuerte conflicto político en el plano geopolítico de la región, registrando la enérgica condena de la presidencia de Brasil. El asesor especial de Asuntos Internacionales de la presidencia de la República, Celso Amorim, calificó de inaceptable que Washington utilice el combate a las pandillas como un pretexto para una intervención militar extranjera en el cono sur. El estrecho colaborador del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva argumentó que, si bien la cooperación en lavado de dinero y contrabando de armas es bienvenida, la seguridad interna constituye una competencia exclusiva y soberana de su Estado.
El Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital acumulan decenas de miles de integrantes directos y redes de apoyo logístico transnacional, ejerciendo un férreo control sobre los sistemas penitenciarios y favelas de Río de Janeiro y São Paulo desde 1970. Las sanciones del Departamento del Tesoro de los EE. UU. buscan congelar la totalidad de sus activos financieros internacionales, restringir la movilidad de sus líderes y desmantelar sus rutas de narcotráfico internacional. El mecanismo de control equipara el estatus penal de las bandas brasileñas con las designaciones aplicadas contra el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha.