Con información de Infobae.
El alcalde de la ciudad de Newark, Ras Baraka, decretó la imposición de un estricto toque de queda de emergencia en los perímetros del centro de detención migratoria Delaney Hall tras registrarse violentos disturbios callejeros.
La medida restrictiva civil, dictada tras una segunda noche consecutiva de choques frontales entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, prohíbe la libre circulación de ciudadanos entre las 21:00 de la noche y las 06:00 de la mañana hasta nuevo aviso. La orden ejecutiva municipal busca contener las movilizaciones civiles que denuncian la política de deportaciones.
Las minutas policiales confirmaron que, a partir de la medianoche del domingo, la importante arteria vial Doremus Avenue quedó completamente cerrada al tránsito peatonal, restringiéndose el acceso vehicular exclusivamente para asuntos oficiales debidamente acreditados.
Las barricadas instaladas por los escuadrones antimotines obligaron a dispersar a la multitud mediante el uso de escudos de protección, registrándose intensos forcejeos vecinales. La restricción afectó de forma directa la logística de traslado de decenas de familias que buscaban sostener contacto nocturno con los extranjeros bajo custodia de las agencias de ICE.
El origen de la crisis en las instalaciones carcelarias de 1.000 plazas de capacidad se remonta a los primeros días del mes, cuando defensores de los derechos humanos denunciaron que los inmigrantes iniciaron una huelga de hambre masiva.
Los detenidos protestan activamente para rechazar las deplorables condiciones de vida en los pabellones, la mala alimentación y el hacinamiento crítico derivado de las redadas. El recinto penitenciario de Delaney Hall se ha transformado en el epicentro del rechazo comunitario contra las directrices de detención masiva ordenadas por los departamentos federales.
La presencia de contingentes policiales permanentes ha alterado la rutina comercial de los distritos del norte de Nueva Jersey, un sector que alberga a una relevante población de origen latino. Las organizaciones civiles criticaron la severidad del toque de queda decretado por Baraka, argumentando que la medida criminaliza la protesta pacífica en lugar de auditar las violaciones a los derechos humanos dentro del penal. Los activistas humanitarios anunciaron que mantendrán las concentraciones diurnas para exigir el cese de los maltratos físicos y acelerar la revisión legal de las solicitudes de asilo.