Con información de El Nuevo Herald.
Familiares de prisioneros ideológicos y diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la ejecución de traslados arbitrarios y nocturnos de ciudadanos recluidos en El Helicoide.
La alerta fue presentada de forma pública por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, cuya vocera, Andreína Baduel, constató que las comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) iniciaron la movilización de los internos sin notificar a las familias ni precisar las nuevas ubicaciones carcelarias. Las agencias de resguardo decretaron la suspensión fulminante de los regímenes de visitas ordinarias en la sede de Caracas.
La grave contingencia carcelaria se escenificó pocas horas después de que la organización humanitaria Justicia, Encuentro y Perdón publicara un balance técnico que desmiente categóricamente la supuesta clausura definitiva de la emblemática prisión. El informe documental demostró que, a pesar del pomposo anuncio de remodelación emitido en enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para transformar la estructura en un centro social, al menos 25 presos políticos continúan sufriendo encierro e insalubridad en sus calabozos. Los activistas instaron a las misiones internacionales de la ONU a auditar el terreno real de los distritos.
La opacidad del proceso de traslados ha sembrado profundas dudas sobre el verdadero alcance de la apertura política tutelada por los Estados Unidos. Apenas el martes, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, había elogiado ante el Senado el supuesto desmantelamiento de El Helicoide, ponderándolo como una señal de reforma sistémica irreversible de la junta interina tras la captura de Nicolás Maduro. Si bien Rubio celebró la amnistía que facilitó la excarcelación de centenares de perseguidos desde enero, el jefe diplomático reconoció que alrededor de 400 presos políticos civiles y militares permanecen encarcelados en el país.