Con información de El Nuevo Herald.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) dio un paso definitivo en la reestructuración de sus políticas de control de fronteras al anunciar oficialmente la creación de 16 nuevas categorías de admisión para la residencia permanente.
Las clasificaciones de visados se inscriben en el marco del polémico programa migratorio denominado ‘Gold Card’ (Tarjeta Dorada), iniciativa que fue establecida mediante la Orden Ejecutiva 14351 dictada por la Casa Blanca. La directriz federal confirma la estructuración de los códigos informáticos necesarios para procesar las solicitudes de regularización exprés en los consulados extranjeros.
De acuerdo con los manuales operativos desclasificados por las autoridades de la agencia de control migratorio, el programa está dirigido de forma exclusiva a ciudadanos extranjeros de altos recursos que realicen aportes económicos irrestrictos al Departamento de Comercio de EE. UU.
El beneficio de residencia permanente legal se extiende de igual forma a los cónyuges e hijos menores de edad de los inversionistas corporativos seleccionados. Las bitácoras del sistema imponen nuevas clasificaciones de códigos específicos, destacando los nomencladores G11, G16, G21 y G26 para procesar las solicitudes principales y los ajustes de estatus dentro del país.
Las directrices del USCIS estipulan que los extranjeros admitidos bajo los lineamientos de la ‘Gold Card’ obtendrán de forma automática la Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I-551 o Green Card) con plenos derechos de autorización de empleo.
Las pasarelas de seguridad del sistema electrónico federal SAVE ya reconocen de forma integrada estas categorías arancelarias. Los beneficiarios del programa de capitales podrán validar su estatus legal en los aeropuertos presentando pasaportes vigentes provistos de los sellos temporales I-551 y visas de inmigrante legibles por máquina emitidas por los despachos consulares.
A pesar de la formalización burocrática de los códigos de admisión migratoria, la administración del presidente Donald Trump mantiene bajo estricto hermetismo el monto exacto de dinero que los solicitantes ricos deberán transferir a las arcas del Tesoro y cuáles serán los criterios de selección.
La medida ha desatado un hondo debate político en el Congreso, donde la bancada demócrata acusa al Ejecutivo de mercantilizar las leyes de inmigración de la nación y de otorgar privilegios de movilidad a magnates internacionales, mientras se intensifican las órdenes de deportación masiva y el cierre de cuentas bancarias contra la población indocumentada de clase trabajadora.
