Con información de EFE.
La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de terrorismo, alzamiento armado y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La medida judicial responde a su presunta implicación en los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio.
Las manifestaciones y cortes de vías promovidos por sectores afines a Morales provocaron desabastecimiento de insumos y dejaron un saldo de 16 fallecidos, además de pérdidas económicas estimadas en 3.000 millones de dólares. La denuncia inicial fue presentada por líderes cívicos de Santa Cruz y respaldada por el Ministerio de Gobierno.
Desde el Trópico de Cochabamba, su bastión político donde permanece custodiado por seguidores, Morales afirmó que no se dejará intimidar por la nueva orden judicial. El exmandatario rechazó las acusaciones e insistió en que el gobierno busca responsabilizarlo para ocultar la crisis económica interna.
Esta nueva orden judicial se suma a la declaración de rebeldía dictada previamente contra Morales en una investigación por trata agravada de personas. Las fuerzas de seguridad indicaron que evalúan el momento adecuado para ejecutar la detención en la zona del Chapare.