Con información de EFE.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones directas contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, y el fiscal de la institución Abdoulaye Seye. La medida congela activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe transacciones financieras con ambos funcionarios.
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las restricciones acusando al tribunal con sede en La Haya de actuar como un organismo politizado que vulnera la soberanía de los Estados. Las sanciones responden a investigaciones de la corte vinculadas a tropas norteamericanas y órdenes de arresto contra líderes de Israel.
La Corte Penal Internacional emitió un pronunciamiento de rechazo advirtiendo que estas medidas coercitivas socavan el Estado de derecho y el orden jurídico global. El organismo judicial ratificó que continuará ejerciendo sus competencias de manera independiente conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.
Las acciones se amparan en decretos de la Casa Blanca que catalogan ciertas actuaciones del tribunal como amenazas a la seguridad nacional. El gobierno estadounidense reiteró que no reconoce la autoridad de la corte supranacional para procesar a ciudadanos de naciones no firmantes.