Con información de Efecto Cocuyo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso del dirigente opositor venezolano Fernando Albán ante la Corte IDH, acusando al Estado de detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial.
El organismo internacional solicita que se declare la responsabilidad de Venezuela y se ordene una reparación integral para la familia de Albán. Además, exigen una investigación imparcial que sancione a todos los culpables, incluyendo a la cadena de mando.
Albán fue detenido en octubre de 2018 por funcionarios del SEBIN a su regreso de Nueva York. Días después, mientras sus abogados esperaban su traslado a tribunales, el gobierno anunció públicamente que el concejal se había suicidado en las instalaciones de inteligencia.
La CIDH también exige garantías de no repetición, instando al Estado a asegurar la independencia del Poder Judicial y a capacitar a sus fuerzas de seguridad para prevenir futuras muertes bajo custodia estatal.