Con información del Diario las Américas.
Líderes comunitarios, funcionarios y activistas se congregaron frente al Ayuntamiento de Doral para exigir la revocación de la resolución que autorizó el convenio 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los manifestantes denunciaron que la colaboración policial local con agentes federales ha destruido la confianza ciudadana y sembrado el terror en la comunidad venezolana local.
Comerciantes de la zona reportaron caídas de hasta el 70% en sus ventas y una drástica disminución de clientes debido al miedo generalizado a las redadas migratorias.
En respuesta a las protestas, la alcaldesa Christi Fraga advirtió que derogar la medida municipal no modificará las leyes federales de inmigración ni detendrá las operaciones en la ciudad.
Figuras políticas como la exsenadora Annette Taddeo y la activista Adelys Ferro criticaron duramente el acuerdo, calificándolo como un brazo ejecutor de deportaciones que afecta a familias trabajadoras.