Con información del Diario las América.
Un bloque de veinticuatro ONG venezolanas advirtió públicamente que la reforma propuesta a la denominada «Ley contra el Odio» resulta insuficiente para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que el proyecto legislativo omite la liberación de los presos políticos y el cierre de causas judiciales arbitrarias.
Asimismo, criticaron que el articulado mantiene conceptos imprecisos como el hostigamiento, abriendo la puerta a interpretaciones discrecionales que criminalizan la libertad de expresión.
Durante el debate parlamentario, sectores opositores también manifestaron su rechazo, argumentando que la iniciativa solo busca maquillar la coacción institucional sin eliminar normas violatorias de la Constitución.
Pese a los reclamos de la sociedad civil y gremios periodísticos, la normativa represiva fue aprobada en su primera discusión por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.
Las agrupaciones sociales ratificaron su exigencia fundamental de que la cuestionada legislación sea derogada en su totalidad, garantizando un verdadero cese a la persecución política en el país.