Con información del Diario las Américas.

Un contrato de honorarios condicionados otorgado por la Oficina de la Sheriff de Miami-Dade (MDSO) a The Reyes Law Firm enfrenta una rigurosa apelación judicial impulsada por empresas afectadas por decomisos.

Las compañías demandantes argumentan que vincular la ganancia del bufete al valor de los bienes incautados, con escalas que pueden alcanzar el 35%, genera un incentivo incompatible con la imparcialidad gubernamental.

El litigio, que involucra activos millonarios vinculados a SH Americas y otras firmas comerciales, cuestiona la legalidad de los acuerdos externos utilizados para casos complejos de presunto lavado de dinero.

La sheriff Rosie Cordero-Stutz defendió la contratación al señalar que permite obtener representación jurídica especializada sin comprometer recursos públicos en pagos por hora, asumiendo la firma privada el riesgo financiero.

El caso se encuentra actualmente pendiente ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida, mientras diversas organizaciones e instituciones han presentado argumentos en favor de las partes involucradas.