Con información del Nuevo Herald.
Decenas de activistas y defensores de inmigrantes exigieron al Concejo Municipal de Doral poner fin al acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), denunciando el temor en las familias y la caída en la actividad comercial.
Durante la sesión del miércoles, la concejal Maureen Porras intentó someter a debate la terminación del convenio, pero el Concejo aprobó posponer la discusión hasta conocer la opinión legal del fiscal general de Florida, James Uthmeier.
La moción contó con cuatro votos a favor y uno en contra, reflejando posturas divididas sobre el alcance legal y el impacto práctico de la medida en la comunidad.
Representantes municipales señalaron que, pese a la existencia del acuerdo, la Policía de Doral no ha capacitado agentes para aplicar leyes migratorias ni realiza arrestos por motivos migratorios.
Organizaciones comunitarias y abogados criticaron el aplazamiento argumentando que los dictámenes del fiscal general son consultivos, mientras las familias reclaman mayor certidumbre y confianza en las instituciones locales.
