Con información deEFE.
La alcaldesa Karen Bass firmó una orden ejecutiva «Proteger a Los Ángeles», la cual impide que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) utilicen propiedades públicas o controladas por la ciudad para llevar a cabo sus operativos.
Esta directiva responde a las demandas de organizaciones comunitarias que buscan blindar a la población inmigrante frente a las redadas a gran escala que han generado protestas masivas en la urbe.
Bass denunció que agentes federales han intentado establecer centros de operaciones transitorios en espacios municipales para facilitar los arrestos de vendedores ambulantes y jornaleros.
La orden establece que el gobierno federal está actuando de manera contraria a su función protectora y refuerza el estatus de Los Ángeles como una ciudad que no colaborará activamente con las políticas de deportación masiva que se han intensificado en el último año.
Además de restringir el acceso físico a las propiedades, la medida instruye a la policía local a preservar cualquier evidencia relacionada con operativos migratorios para su posterior reporte y fiscalización.
Asimismo, el Departamento de Planificación Urbana trabajará en una ordenanza para imponer tarifas y sanciones a los propietarios privados que cedan sus sitios a los agentes federales, buscando desincentivar la colaboración con el ICE en toda la ciudad.
La alcaldesa subrayó que estas acciones no son normales y que la ciudad se mantendrá firme en la defensa de los derechos de sus residentes. Aunque las detenciones han continuado con menor intensidad que en meses anteriores, la administración local busca enviar un mensaje claro de resistencia legal, preservando los recursos públicos para el servicio de la comunidad y no para fines de control migratorio federal.