Con información del Diario las Américas.
Los 67 sheriffs de Florida llegaron al acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para realizar arrestos migratorios, una medida que busca intensificar la presión sobre la población indocumentada para forzar su salida voluntaria del país.
La implementación de esta estrategia a nivel estatal, confirmada durante una reunión de la Junta Estatal de Control de Inmigración, enfrenta una advertencia crítica por parte de líderes policiales sobre una severa escasez de espacio en los centros de detención que amenaza con colapsar el sistema una vez que los operativos se intensifiquen.
La expansión de la autoridad de los sheriffs para actuar como agentes de inmigración se topa con un obstáculo fundamental: la falta de camas para albergar a los detenidos.
El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, quien preside el Consejo Estatal de Control de Inmigración, puso en contexto que las cárceles locales no pueden funcionar como centros de detención federales debido a desacuerdos con ICE sobre los estándares penitenciarios.
Actualmente, las instalaciones estatales solo cuentan con unas 2.000 camas disponibles para detenciones migratorias, una cifra que Judd describió como «una gota en el océano» frente a los aproximadamente 700.000 inmigrantes con Para hacer frente al proyectado aumento de detenciones, el gobernador Ron DeSantis confirmó la disponibilidad de dos grandes instalaciones: el controvertido centro «Alligator Alcatraz» en los Everglades y el Campamento Blanding en Starke.
Sin embargo, «Alligator Alcatraz» inició operaciones el 3 de julio con una capacidad para entre 3.000 y 4.000 personas y un costo operativo anual estimado de 450 millones de dólares.
DeSantis indicó que el Campamento Blanding, que añadiría otros 2.000 espacios, no se activará hasta que el primer centro esté lleno, y subrayó que no son instalaciones para cuidado a largo plazo.
Desde su apertura, «Alligator Alcatraz» ha sido objeto de denuncias por parte de defensores de inmigrantes y activistas debido a problemas de hacinamiento, filtraciones de agua y acceso limitado a servicios básicos. órdenes de deportación pendientes que residen en el estado.