Con información de EFE
La Asamblea Nacional del gobierno de Nicolás Maduro aprobó una ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y “autoridades” del Estado.
La “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, deberá ahora firmarse por el Nicolás Maduro para su entrada en vigor.
La medida incluye también inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos “delitos”, lo que impedirá a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quienes hayan “promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución” de “acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos” contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.
A las personas señaladas por estas acciones se les impondrá la misma condena e igual penalización económica, pagada con moneda local -bolívares- y con la tasa del euro como referencia, al ser más alta que la del dólar, usado de manera regular en el país.