Con información de Diario Las Américas
La nueva ley de inmigración SB-1718 que entró en vigor el sábado 1 de julio genera controversia y temor entre la comunidad inmigrante en el estado de Florida, así lo advierte la compañía legal Aguado Immigration Firm. Junto a las nuevas leyes adoptadas por el Congreso estatal se encuentra la SB-1718, que se enfoca en la inmigración irregular. Esta es una de las medidas que el gobernador Ron DeSantis había pedido al Congreso estatal como una forma de frenar la inmigración irregular a Florida y de esa manera evitar el gasto millonario que produce la atención médica, las ayudas suplementarias y el servicio de educación pública.
Este planteamiento se apoya en que la Florida ha recibido en fechas recientes a más de 100.000 inmigrantes irregulares, aunque la cifra podría ser de medio millón de personas. “Florida no es un estado santuario y defenderemos el estado de Derecho”, advirtió DeSantis.
Para aclarar dudas, el bufete de abogados preparó una lista con los puntos esenciales a tener en cuenta con la nueva ley sobre inmigración.
- VIAJES A FLORIDA
Transportar a personas indocumentadas al estado de Florida es un delito punible hasta con 15 años de cárcel. Sin embargo; no es un delito transportar a una persona indocumentada dentro del estado.
- PERMISOS DE CONDUCIR
A partir de ahora solo son válidas las licencias emitidas por el estado de Florida. Las licencias de conducir de otros estados no podrán ser utilizadas para conducir legalmente en Florida.
- VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Las empresas de más de 25 empleados deberán usar el sistema E-Verify, para certificar el estatus migratorio de los trabajadores. Si contratan a indocumentados, se establecen multas de 1.000 dólares al día.
- ACCESO A ATENCIÓN MÉDICA
Los hospitales deben recopilar información sobre el estatus migratorio de los pacientes y reportarla al gobierno estatal. Sin embargo, esta información no se compartirá con las autoridades de inmigración ni afectará la atención médica.
Como recuerda Aguado Immigration Firm, la ley no aplica a inmigrantes que están tramitando asilo, TPS, DACA o algún otro proceso que regularice su estatus.