Con información del Diario las Américas
En una de las asambleas más acaloradas del año, el Concejo de Hialeah dio el visto bueno inicial a una ordenanza para otorgar un pago único de $200 a propietarios de viviendas con exención Homestead.
La propuesta, que costará a la ciudad 6.4 millones de dólares, fue aprobada en su primera lectura a pesar del voto en contra del concejal Carl Zogby.
La reunión estuvo dominada por la fricción entre los miembros del Concejo y serios cuestionamientos sobre el presupuesto. El momento de mayor tensión ocurrió cuando una ciudadana confrontó a la alcaldesa interina, Jacqueline García-Roves, acusándola de realizar construcciones en su domicilio sin los permisos requeridos y cuestionando su idoneidad para el cargo.
La denuncia generó una petición de investigación formal por parte del concejal Zogby.
Para sufragar el costo de la ayuda económica, la directora de operaciones de la ciudad, Ismare Monreal, detalló un plan que implica aplazar proyectos de infraestructura y utilizar 1.8 millones de dólares de las reservas municipales, que actualmente suman 62.1 millones.
Monreal advirtió sobre los peligros financieros de incrementar el monto del pago, citando litigios pendientes y la inestabilidad del mercado.
El debate reflejó una clara división. Concejales como Jesús Tundidor y Melinda de la Vega defendieron la medida como un alivio necesario para los ciudadanos ante el alza del costo de vida.
En contraste, Zogby calificó la devolución como una «ilusión electoral» y una medida populista que mermará los servicios públicos al usar dinero de los mismos contribuyentes.
La decisión final sobre la ayuda económica se tomará en una audiencia pública programada para el 28 de octubre, en un clima de creciente disputa política con las elecciones municipales en el horizonte.