Con información de Telemundo 51.
Los representantes federales Carlos A. Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar enviaron una carta formal a los directivos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y del Departamento de Comercio para expresar su alarma por las operaciones comerciales de empresas estadounidenses en la isla.
Los legisladores advierten que ciertas licencias vigentes estarían permitiendo transacciones que benefician directamente a empresas estatales cubanas, contraviniendo el espíritu de la Ley LIBERTAD de 1996.
En la misiva, los congresistas sostienen que cualquier forma de asistencia o relación financiera con entidades controladas por el régimen de La Habana socava los esfuerzos de Estados Unidos por promover la democracia y el estado de derecho.
Según los firmantes, permitir que empresas norteamericanas operen con conglomerados militares cubanos proporciona recursos que el gobierno de la isla podría desviar para la represión interna o actividades de inteligencia contra intereses estadounidenses.
La preocupación de los legisladores se extiende a la posibilidad de que se estén otorgando beneficios económicos a un sistema que consideran hostil, especialmente en el actual contexto de seguridad regional.
Por ello, han solicitado oficialmente la revocación de todas aquellas licencias que faciliten el flujo de capital hacia el aparato estatal cubano, exigiendo que las agencias federales garanticen que cada permiso emitido esté estrictamente alineado con las sanciones internacionales vigentes.
Este movimiento legislativo busca reafirmar la postura de la administración del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, quienes han abogado por una presión máxima sobre el gobierno cubano. Los congresistas recalcaron que su objetivo es asegurar que la política exterior de los Estados Unidos no sirva, ni siquiera de forma indirecta, para sostener financieramente a un régimen que ignora las libertades fundamentales de sus ciudadanos.