Con información de EFE.
Mientras que el presidente del Parlamento venezolano Jorge Rodríguez, asegura que más de 400 personas han sido liberadas desde diciembre de 2024 como parte de un proceso de pacificación nacional, organizaciones de derechos humanos y líderes opositores denuncian que la realidad en los centros de reclusión dista mucho de los anuncios gubernamentales.
Jorge Rodríguez afirmó recientemente que el gobierno de transición de su hermana, Delcy Rodríguez —quien asumió el poder tras la operación estadounidense contra Nicolás Maduro—, ha excarcelado a 463 personas desde finales del año pasado, calificando estas acciones como un «gesto unilateral» en pro de la convivencia. Según el desglose oficial, se habrían producido liberaciones escalonadas: 160 en diciembre de 2024, seguidas de grupos de 99 y 88 personas durante las festividades navideñas de 2025, y un último anuncio de 116 liberaciones este lunes.
Sin embargo, la ausencia de una lista pública oficial ha desatado el caos informativo. El Foro Penal, organización que lidera la defensa de los detenidos, solo ha podido verificar 56 liberaciones efectivas del último lote anunciado. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática eleva el número apenas a 76. Organizaciones como Provea advierten que el proceso está viciado por «dilaciones indebidas» que impiden que los anuncios se traduzcan en libertad real.
Desde la oposición, María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz 2025, y Edmundo González Urrutia, han rechazado categóricamente la narrativa oficial. En un comunicado conjunto, denunciaron que el régimen «siempre miente» y exigieron la publicación inmediata de los listados.
«La cifra de 116 excarcelados difundida el lunes no se corresponde con la realidad», sentenciaron, alertando que la manipulación informativa constituye una forma de tortura psicológica para las familias.
Más allá de las estadísticas, el drama se concentra a las afueras de prisiones como El Rodeo I y El Helicoide. Cientos de familiares se mantienen en vigilia permanente, enfrentando no solo la angustia emocional sino un alto costo económico en una economía dolarizada. Los testimonios recogidos revelan que los familiares deben pagar hasta 5 dólares por el alquiler de un colchón para dormir a la intemperie, 10 dólares por el uso de habitaciones para asearse y entre 6 y 9 dólares por cada comida, sin contar los gastos de transporte.