Con información de Infobae
La demanda contra el Ejecutivo de EEUU por querer poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) ha concluido con el compromiso del Gobierno federal de no restablecer la política impuesta por la Administración de Donald Trump, así lo anunció el martes la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
La batalla legal, iniciada en 2018 en California por nueve inmigrantes beneficiarios del TPS y cinco ciudadanos estadounidenses con padres protegidos por este amparo migratorio, logró detener una orden del expresidente Trump de no renovar la protección a más de 400.000 migrantes, lo que los exponía a la deportación.
La querella argumentaba que, a pesar de que el TPS es una acción ejecutiva, el entonces presidente no tenía la autoridad de terminar el amparo y que “la acción hacía parte de la agenda antiinmigrante y de supremacía blanca que el Gobierno ha impulsado”.
Emi MacLean, abogada de ACLU y que representó a los inmigrantes, dijo en un comunicado que el esfuerzo apoyado por La Red Nacional de Jornaleros (NDLON) impidió que ningún beneficiario perdiera el TPS “como resultado de las acciones racistas e ilegales de la Administración Trump”.
El caso llegó a su fin después que el Gobierno del presidente Joe Biden renovó el año pasado el TPS para inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua y volvió a designar a los países de Haití y Sudán como países beneficiados. En su campaña de reelección, el expresidente Trump ha dicho que parte de su plan migratorio, en caso de ser reelegido, es poner fin nuevamente al TPS.