Con información de DW.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció sorpresivamente que la Ley de Amnistía «llega a su fin», apenas dos meses después de su entrada en vigor el pasado febrero. La mandataria no ofreció detalles técnicos sobre este cierre, pero aseguró que los casos pendientes serán canalizados a través de programas gubernamentales de justicia penal. El anuncio ocurre en un momento crítico, ya que organizaciones no gubernamentales reportan que aún existen 473 presos políticos en el país que esperaban beneficiarse de la norma.
Diversas ONG, entre ellas Provea y Acceso a la Justicia, rechazaron de inmediato la medida calificándola de arbitraria e inconstitucional. Los expertos legales argumentan que el Ejecutivo no tiene la facultad de derogar una ley, ya que esto solo puede hacerse mediante una nueva normativa del Parlamento o una sentencia de nulidad del Tribunal Supremo. Advierten que esta «intromisión» viola flagrantemente el principio de separación de poderes y deja a las víctimas en un estado de absoluta vulnerabilidad.
Desde el ámbito jurídico, Justicia, Encuentro y Perdón calificó el anuncio como un «atropello» que genera una grave inseguridad jurídica. Al dar por concluida la ley de facto, el Ejecutivo envía una señal alarmante al sistema judicial para que desestime las solicitudes de libertad bajo una premisa que no existe en el ordenamiento legal. Las organizaciones temen que la ley haya sido utilizada únicamente como un ejercicio de retórica política sin una intención real de liberar a los detenidos.
Por su parte, el oficialismo defendió los resultados alcanzados hasta el momento, informando que 8,616 personas fueron beneficiadas por la medida antes de este anuncio. El diputado Jorge Arreaza señaló que se recibieron más de 12,000 solicitudes válidas de venezolanos dentro y fuera del país. Sin embargo, persiste la opacidad en el proceso, ya que las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los amnistiados, pese a las insistentes solicitudes de las Naciones Unidas.
#ATENCIÓN El reciente anuncio sobre la finalización de la Ley de Amnistía constituye un grave atropello al Estado de Derecho. Una ley de esta naturaleza no posee límites temporales implícitos ni puede ser clausurada por una declaración administrativa del Ejecutivo; su vigencia es…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) April 23, 2026