Con información de Voz de América
El Departamento de Justicia abrió el miércoles su primer proceso por préstamos hipotecarios abusivos contra una inmobiliaria de Texas acusada de atraer a decenas de miles de compradores de vivienda hispanos hacia ventas engañosas.
La demanda se centra en Colony Ridge, un desarrollo al noreste de Houston que promete la compra de viviendas con anuncios en español, pero luego enfila a los solicitantes a la compra de propiedades sin servicios básicos con préstamos que no siempre pueden pagar, alegó el Departamento de Justicia.
Según la demanda, la inmobiliaria utiliza tácticas de venta de alta presión que explotan el limitado dominio del inglés. El director general de Colony Ridge, John Harris, manifestó en un comunicado que la demanda es “infundada y a la vez escandalosa e incendiaria”.
El promotor inmobiliario de Colony Ridge, Trey Harris, ha reconocido anteriormente que su empresa concede préstamos a los clientes a tasas de interés más altas de lo habitual, pero dijo que los bancos no conceden esos préstamos. Negó que la inmobiliaria fuera responsable de los problemas de inundaciones en la zona.
El proyecto inmobiliario es hogar de más de 40.000 personas y su huella geográfica es casi del tamaño de Washington DC. Ha crecido rápidamente, en parte gracias a la publicidad en TikTok y a préstamos que no requerían verificación de crédito y sólo exigían un pequeño depósito. Pero esos préstamos tenían altas tasas de interés, y la compañía no verificaba que los clientes pudieran pagarlos, dijeron las autoridades.
Entre 2019 y 2022, Colony Ridge inició ejecuciones hipotecarias en al menos el 30% de sus lotes financiados por el vendedor en un plazo de tres años, según el Departamento de Justicia.
En los últimos meses, el desarrollo inmobiliario atrajo la atención nacional cuando los medios de comunicación conservadores y los activistas del Partido Republicano afirmaron sin fundamento que era un imán para los migrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, y que los cárteles controlan algunas zonas del vecindario. No había pruebas que sustentaran tales afirmaciones, y los residentes, las autoridades locales y la empresa inmobiliaria rebatieron esas acusaciones.
La nueva demanda del Departamento de Justicia, por su parte, alega discriminación ilegal y solicita sanciones civiles no especificadas, así como indemnizaciones para los clientes.