Con información de NTN24
El número dos del partido de Gobierno en Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que en la sesión de este martes de la Asamblea Nacional será aprobada una ley que regula el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales.
Aunque han circulado en redes sociales algunos supuestos proyectos, el régimen ha sido celoso en guardar el documento, aunque aseguró que consultó ampliamente a los sectores interesados.
Desde que se planteó la ley, Maduro ha amenazado a las organizaciones, muchas de ellas de ayuda humanitaria a las zonas más vulnerables, a quienes acusa de recibir financiamiento para desestabilizarlo.
En la rueda de prensa del Psuv, Cabello señaló a «supuestas organizaciones no gubernamentales que no dependen del gobierno de Venezuela sino del Gobierno de Estados Unidos». «Esperamos aprobar esa ley mañana que tiene mucho que ver con el financiamiento, de cómo les llega el dinero, todos van a tener que decir cómo gastan los fontos y es una deuda que tenemos nosotros, para poner las cosas a nivel. Los que van a chillar ya sabemos quiénes son, si usted no la debe no la teme. Tienen años recibiendo dinero diciendo que van a tumbar a Maduro y no lo tumban. Vamos a ayudar a los gringos para que usen bien esa plata y no los estafen aquí en Venezuela», dijo Cabello.
¿Qué se busca la nueva Ley?, según la ONG Provea, eliminar todas las ONG en Venezuela. En adelante estarán obligadas a registrarse en un proceso desde cero cuando decenas ya se registraron en democracia y cumplen las leyes. «Un golpe fulminante para el país». Enfrentarán multas, cancelaciones y hasta cargos penales. Una criminalización legalizada. Aumentará la criminalidad y la persecución contra las personas defensoras de los derechos humanos.
Tendría el efecto de obstaculizar la libertad de asociación y el accionar libre e independiente de las ONG de la sociedad civil, al obligarlas a buscar autorización del gobierno para su funcionamiento.
Por eso Amnistía Internacional llama «a la comunidad internacional a condenar el proyecto de Ley propuesto como los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en el país».