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Con información de CNN.

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su controvertida campaña militar contra el narcotráfico, expandiendo sus operaciones al Océano Pacífico con dos nuevos ataques letales esta semana.

Según confirmó el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyeron dos embarcaciones sospechosas, resultando en la muerte de todas las personas a bordo.

Estos incidentes, el octavo y noveno desde principios de septiembre, marcan una significativa escalada geográfica, ya que los siete ataques anteriores se habían concentrado exclusivamente en el Mar Caribe.

Con estas últimas acciones, las autoridades informan que el número total de fallecidos en esta campaña militar asciende a, por lo menos, 37 personas.

El Secretario Hegseth defendió enérgicamente las operaciones, calificando a los objetivos como «narcoterroristas». «Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio», declaró.

Afirmó que las embarcaciones estaban operadas por una «Organización Terrorista Designada (DTO)» y comparó la lucha contra los cárteles con la guerra contra Al Qaeda.

Por su parte, el presidente Donald Trump respaldó inequívocamente la legalidad y necesidad de los ataques. «Sí, tenemos autoridad legal», afirmó desde la Oficina Oval. El mandatario justificó las acciones como una medida de seguridad nacional para salvar vidas estadounidenses. «Cada uno de esos barcos que es destruido está salvando 25,000 vidas estadounidenses», aseveró Trump, vinculando las operaciones a la crisis de drogas que, según él, causó la muerte de 300,000 personas en Estados Unidos el año pasado.

La base legal de estas ejecuciones sumarias reside en una opinión legal clasificada, según informes de CNN, que permite tratar a los presuntos narcotraficantes como «combatientes enemigos», eliminando la necesidad de un proceso judicial. Esta postura ha generado un fuerte cuestionamiento por parte de líderes sudamericanos, quienes han puesto en duda la legalidad de las operaciones en aguas internacionales y han denunciado la muerte de sus ciudadanos.