Con información del Diario las Américas
El poder ejecutivo de Estados Unidos ha comunicado al Congreso que el país se halla en una «disputa armada no internacional» con las agrupaciones criminales que operan en Latinoamérica.
Esta declaración, según algunos especialistas, equivale a la proclamación de una confrontación formal contra estas organizaciones.
La misiva, emitida por la residencia presidencial, sigue a la decisión del presidente Donald Trump de clasificar a varios cárteles como entidades terroristas. Esta medida ha habilitado operaciones militares, incluyendo ataques letales y detenciones de «combatientes ilícitos» sin un proceso judicial, bajo una lógica similar a la adoptada después del 11 de septiembre.
La subsecretaria de prensa, Anna Kelly, señaló que «la amenaza es directa» y que el mandatario «actuó conforme a la ley de los conflictos armados para resguardar a nuestro país». Trump, por su parte, celebró en su red social un reciente operativo que impidió que un barco con una gran cantidad de narcóticos llegara a territorio estadounidense.
Este giro ha provocado un debate constitucional. Juristas como Marty Lederman, profesor de derecho en Georgetown, argumentan que se trata de «una guerra en el sentido constitucional» que requiere aprobación del Congreso en un plazo de 60 días. El senador Chris Murphy ha manifestado su inquietud ante lo que considera una estrategia impulsada por «belicistas inseguros». Los ataques se concentran principalmente cerca de Venezuela, un país que la administración de Trump señala como una pieza clave en el tráfico ilícito de sustancias.