Con información de Infobae.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha activado su «plan B» para la política migratoria del estado, anunciando la apertura de un nuevo centro de detención.
Esta medida surge como respuesta a la orden judicial que prohíbe el ingreso de nuevos detenidos y cualquier expansión de «Alligator Alcatraz», el centro de detención construido en los Everglades.
La jueza federal Kathleen Williams emitió una orden preliminar que bloquea la operación de «Alligator Alcatraz», atendiendo una demanda de grupos ambientalistas y de la Tribu Miccosukee. El fallo argumenta que la instalación causa «daños irreparables» al ecosistema de los Everglades y viola la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
Por su parte, DeSantis, calificando a la jueza de «activista», declaró que la decisión era previsible y que el estado no se detendrá. En su lugar, anunció la creación del «Deportation Depot», un nuevo centro de detención con capacidad para 2,000 personas, que se ubicará en la Institución Correccional Baker, una cárcel estatal en el norte de Florida.
El director de la División de Gestión de Emergencias, Kevin Guthrie, aseguró que el nuevo centro estará operativo en breve. Según el gobernador, el objetivo principal del «Deportation Depot» es «procesar, preparar y luego devolver a los inmigrantes indocumentados a su país de origen», reforzando la estrategia de Florida en materia de deportación.
Mientras tanto, el fiscal general del estado, James Uthmeier, afirmó que «Alligator Alcatraz» seguirá en funcionamiento y que Florida continuará con su misión de detener y deportar inmigrantes.
Este nuevo movimiento se enmarca en una tendencia más amplia a nivel nacional, con otros estados como Indiana y Nebraska también anunciando la apertura de centros de detención en colaboración con el ICE.