El Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela rechazó formalmente la pretensión de Delcy Rodríguez de exigir la entrega de las reservas de oro de la República custodiadas por las autoridades del Reino Unido. Mediante un pronunciamiento oficial firmado por sus magistrados, el órgano judicial determinó que la funcionaria carece en la actualidad de legitimidad constitucional y de cualidad jurídica para representar al Estado venezolano o disponer de cualquier bien perteneciente a la nación.
Los magistrados firmantes, encabezados por el presidente del tribunal, Antonio Marval Jiménez, enfatizaron que las reservas internacionales constituyen un patrimonio soberano e inalienable que debe someterse a los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad. El documento judicial advierte que las circunstancias que motivaron la protección internacional de los activos venezolanos permanecen plenamente vigentes, debido a la persistencia de la ruptura del orden democrático, graves denuncias de corrupción y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La corte en el exilio determinó de manera tajante que la emergencia humanitaria ocasionada por los recientes terremotos no puede ser utilizada como fundamento para levantar las medidas de resguardo sobre los bienes soberanos. Sentenciaron que transferir estos recursos económicos a una administración que no ofrece garantías jurídicas resulta contraproducente, por lo que los activos deben permanecer congelados hasta el restablecimiento integral del Estado de Derecho en el país.
Finalmente, el tribunal exhortó al Reino Unido, a los Estados Unidos, a la Unión Europea y a la comunidad internacional a mantener blindadas las reservas de oro y los demás activos nacionales. Los firmantes puntualizaron que el patrimonio público debe ser resguardado con rigor para que, en un futuro escenario democrático, autoridades legítimas puedan destinar legítimamente los fondos a la atención de las víctimas, la reconstrucción nacional y la recuperación de los servicios esenciales.