Con información de DW.

Familiares de los presos políticos poselectorales protestaron a las afueras de la máxima corte de Venezuela para reclamar su libertad al cumplirse un año de sus arrestos.

Posterior a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024 estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales unos 2.000 han sido excarcelados a la fecha.

Los detenidos son procesados por delitos como «incitación al odio» y «terrorismo» que conllevan penas de entre 10 y 30 años, la máxima en Venezuela.

Entre ellos está Ricardo Ramírez Zerpa, un estudiante de 20 años del estado Mérida, arrestado el 12 de agosto por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). «Mi hijo fue detenido por un sticker del presidente Maduro que enviaron sus amigos de la universidad en un grupo de WhatsApp», contó a la AFP Yasbelis Zerpa, de 40 años, quien viajó a Caracas para asistir a la protesta.

Zerpa cuenta que Ricardo abandonó sus estudios de psicología para formarse como efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada venezolana.

«Estuvo esposado 20 días de manos y pies», relata Zerpa, que llevaba cuatro años en Perú y regresó a Venezuela para luchar por la libertad de Ricardo. «Mi hijo no tiene maldad en su corazón para que lo estén acusando de terrorismo, él solo quería estudiar», lamenta.

Es de mencionar, que al 4 de agosto suman unos 807 presos políticos en Venezuela, según el recuento más reciente de Foro Penal. De acuerdo con los datos proporcionados por la ONG, 712 de estos presos políticos son hombres y 95 mujeres, de los cuales 638 son civiles y 169 militares.

La mayoría son adultos (803), mientras que 4 casos corresponden a adolescentes, detalló el diario local El Nacional.