Con información del Diario las Américas.
La ley HB 915, también conocida como “Ley de anuncios de servicios de representación”, fue firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el objetivo de combatir el “fraude notarial” entre la comunidad inmigrante.
La disposición legal exige que los notarios públicos sin licencia de abogado indiquen claramente en sus oficinas y anuncios que no están acreditados para ejercer la abogacía.
A partir de la ley, las personas que se dedican a esta labor deben incluir el aviso explícito: “No soy abogado con licencia para ejercer la abogacía y no puedo dar asesoramiento legal ni aceptar honorarios por asesoramiento legal. No estoy acreditado para representarlo en asuntos de inmigración”.
Además, la ley prohíbe el uso de términos engañosos como “asistente de inmigración” o “especialista en inmigración”, entre otros, que puedan inducir a error para sus clientes.
La legislación también contempla recursos legales para las víctimas, quienes podrán demandar por daños y perjuicios, incluyendo el cobro de honorarios de abogados en procesos civiles.
En muchos países de Latinoamérica, un “notario público” es un profesional legal con alta capacitación, similar a un abogado, que puede ofrecer asesoramiento y redactar documentos legales.
Sin embargo, en Estados Unidos, un notario público es un funcionario con autoridad limitada para atestiguar firmas, sin experiencia legal ni autorización para brindar asesoramiento en inmigración, explicaron los ponentes de la nueva norma.