Con información de El Nuevo Herald.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos confirmó la detención de la ciudadana cubana Alina Rosales Aguirreurreta, quien fue ingresada al Centro de Transición Broward en Pompano Beach, al sur de la Florida. Un portavoz federal detalló que la mujer es catalogada como extranjera ilegal tras haber vulnerado los términos de su estancia en el país. Rosales Aguirreurreta había ingresado a territorio norteamericano el 21 de noviembre de 2023 a través del Aeropuerto Internacional de Orlando utilizando una visa de turismo B-2, omitiendo abandonar la nación a su vencimiento.

La arrestada es hija del general Ulises Rosales del Toro, un histórico combatiente de la Sierra Maestra junto a Fidel Castro que ostenta el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba y quien fungió como vicepresidente del Consejo de Ministros de la isla entre 2009 y 2019. La captura se enmarca en una estrategia de máxima presión de la Casa Blanca contra el régimen de La Habana, la cual incluyó recientemente el arresto de Adys Lastres Morera, hermana de la presidenta del monopolio castrense GAESA, tras revocársele su residencia permanente por representar una amenaza a la seguridad nacional.

De forma paralela a esta detención, una corte federal del Distrito Central de Florida condenó este jueves a siete meses de cárcel al piloto cubano Raúl González-Pardo Rodríguez. El exteniente coronel de 65 años recibió la sanción penal tras declararse culpable del delito de fraude migratorio por mentir en sus planillas oficiales. El caso posee un alto impacto político debido a que González-Pardo fue imputado la semana pasada por el Departamento de Justicia junto al exdictador Raúl Castro por el derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996.

La escalada judicial e institucional contra los colaboradores del Partido Comunista de Cuba coincide con la entrada en vigor de severas sanciones financieras contra el conglomerado militar GAESA y la minera Moa Nickel. Los portavoces del DHS ratificaron que cada ciudadano extranjero procesado por las patrullas de ICE recibirá sus garantías cívicas correspondientes de debido proceso conforme a las normativas vigentes de Florida. No obstante, los analistas del exilio en Miami consideran que las detenciones simultáneas reflejan la firme determinación de la administración de Donald Trump de ahogar los activos de la élite de La Habana.